Ciudad de México.- Luis Méndez Jaled, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), subrayó la importancia de la infraestructura social como un componente clave para el desarrollo de los países, destacando que ésta, impacta directamente en la salud, educación y calidad de vida de la población.
Recordó que México cuenta actualmente con más de 21 mil establecimientos de salud, de los cuales el 93% ofrecen consulta externa y el 7% servicios de hospitalización. En el ámbito educativo, existen más de 218 mil planteles educativos públicos, con una gran mayoría dedicada a la educación básica, lo que refleja un avance significativo en la cobertura educativa en el país. Además, el país dispone de alrededor de 15 mil 500 espacios culturales y 5 mil 500 espacios deportivos.
A pesar de estos avances, Méndez Jaled también resaltó los desafíos que enfrenta México en términos de infraestructura social. Por ejemplo, el país cuenta con 1.5 camas de hospital por cada mil habitantes, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda al menos 2.5. Asimismo, mencionó que la infraestructura de salud y educativa requiere trabajos urgentes de rehabilitación y mantenimiento.
El Presidente de la CMIC enfatizó la necesidad de incrementar significativamente los recursos destinados a educación y salud.
Méndez Jaled estuvo acompañado por Antonio Tinoco Zamudio, Vicepresidente de Infraestructura Social de la CMIC; Antonio Hernández González, Tesorero; y Quel Galván Pelayo, Vicepresidente de Desarrollo Empresarial de Infraestructura Privada, así como parte del equipo operativo de la CMIC, incluyendo las áreas de Dirección Estratégica, Comunicación, Inteligencia de Datos y Asesoría Externa.
PROPUESTAS
Durante su intervención, Luis Méndez Jaled presentó un decálogo de propuestas clave que la CMIC sugiere para el nuevo gobierno en materia de infraestructura social. Entre las recomendaciones más destacadas, se subraya la necesidad de incrementar los recursos destinados a la educación y la salud, alineándose con estándares internacionales que sugieren destinar el 6% del PIB a cada uno de estos sectores. Además, propone complementar estos recursos con mecanismos financieros innovadores, como coinversiones público-privadas y la creación de fondos específicos para la rehabilitación y mantenimiento de escuelas y hospitales.
El decálogo también incluye la implementación de marcos regulatorios más estrictos para asegurar el uso eficiente de los recursos, así como la ampliación de la cobertura educativa y de salud en áreas que lo requieran, respetando siempre la planeación urbana y el ordenamiento territorial. Para garantizar la integridad de las instalaciones educativas, se recomienda que las obras sean ejecutadas por empresas constructoras con experiencia y capacidad técnica, cumpliendo con las normas de protección civil.
Otro punto clave es la adopción de mejores prácticas internacionales que promuevan la sostenibilidad y resiliencia en la construcción de infraestructura social. En este sentido, se sugiere la creación de un fondo federal destinado al rescate de espacios públicos y una partida presupuestal específica para el desarrollo de proyectos ejecutivos, que incluya estudios técnicos y la obtención de licencias.
Finalmente, se enfatiza la importancia de fortalecer la infraestructura social con una visión sostenible, promoviendo la construcción modular, edificios inteligentes y el uso de tecnología avanzada para el monitoreo y gestión de variables críticas.
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