Afirma Vicente Grau socio y experto de Santamarina + Steta que “antes de la pandemia los trámites inmobiliarios se demoraban de 1 a 2 años lo que afectaba enormemente a los jugadores del sector, quienes buscan su retorno de inversión, ahora además se agrega el cierre de ventanillas en organismos para trámites y permisos”. El nuevo reto será acortar éste tiempo para los desarrolladores inmobiliarios.
El experto abogado señala que las inversiones para adquirir tierras frecuentemente provienen de financiamientos bancarios o bursátiles por medio de los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibras) que cuentas con compromisos de pago en marcha y sin espera. Aunado a que los gobiernos aumentan la vigilancia y análisis para autorizar proyectos inmobiliarios.
Menciona el especialista que las autoridades y los gobiernos deben ofrecer incentivos a largo plazo para los inversionistas del sector, tales como pagos prediales diferidos, paquetes de permisos, facilidad para gestionar eficientemente los complejos trámites burocráticos; beneficios que deben ser aplicados independientemente a los cambios de gobiernos.
Claudia Rodríguez socia y especialista de la misma firma, asegura que en algunas entidades de México y del mundo; sobre todo en las ciudades se es más competitivo y dinámico respecto a los otorgamientos para la inversión inmobiliaria porque se autoriza que sus áreas de desarrollo económico guíen y apoyen a los desarrolladores.
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